Por: Abril Peña
El caso de Affe Gutiérrez, esposo de la comunicadora Sara Pepén, es uno de esos episodios que deberían obligarnos a detenernos como país y preguntarnos qué tan segura está realmente la libertad de cualquier dominicano. Affe no solo fue acusado sin pruebas: fue condenado dos veces a 30 años de prisión por un crimen que no cometió, sobrevivió intentos de asesinato en la cárcel, vio nacer a su hija estando tras las rejas, y pasó más de una década peleando por demostrar su inocencia en un expediente que jamás debió existir.
Tras una larga batalla, la justicia —tarde, mal y arrastrando los pies— reconoció que el Estado le falló. Se ordenó una indemnización cercana a los once millones de pesos. Sin embargo, este caso aún no está ganado, porque la Procuraduría General de la República decidió recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, insistiendo en prolongar un proceso que ya ha destruido más de diez años de la vida de un hombre inocente. Como si aceptar el error fuese demasiado costoso para una estructura donde la soberbia pesa más que la responsabilidad.
Pero este no es el único caso. Ni mucho menos. Hace apenas meses conocimos la historia de un hombre que duró 10 años preso aun teniendo una orden de libertad firmada desde hacía una década. Diez años en los que nadie verificó su expediente, nadie revisó su situación y nadie se preguntó por qué un interno seguía dentro después de que un juez ordenó su salida. Su silencio no era culpa: era pobreza. Y en nuestro sistema, eso pesa más que cualquier prueba. Lo terrible es que hay más muchos más.
También está el caso del obrero que pasó 12 años en La Victoria sin expediente claro, sin ver a un juez, sin que el Estado supiera siquiera quién era. Salió enfermo, desorientado, con la vida quebrada. ¿Quién responde por eso? Nadie. En República Dominicana, el error judicial no tiene rostro, no tiene costo, no tiene consecuencias.
Y mientras tanto, más de la mitad de los presos del país están en prisión preventiva. Personas sin condena, sin juicio concluido, sin certeza de nada. Personas que cumplen penas adelantadas, muchas veces por delitos que jamás cometieron. Este no es un fallo aislado: es un sistema que castiga primero y pregunta después.
Y si hablamos de consecuencias, este es el punto más incómodo, pero el más necesario: ¿quién responde por haber destruido una vida? El primer investigado debería de ser el Procurador de aquel entonces, el primero que tuvo el caso en sus manos, Radhames Jiménez, y después de él cada fiscal y cada juez que participó en este proceso a todas luces fraudulento, deberían estar hoy siendo investigados por su papel en esta infamia. Y esto incluye, por supuesto, la responsabilidad institucional de quienes hoy dirigen el Ministerio Público: la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien tenia el deber moral e institucional de impulsar investigaciones internas, identificar responsabilidades y establecer precedentes reales. Porque este caso tiene nombre, apellido y micrófonos, sin embargo escogió el camino fácil la de hacerse la graciosa con el poder… pero en los otros casos —en los de hombres sin apellido, sin padrinos, sin relaciones mediáticas— desde el fiscal más pequeño hasta los directores de las cárceles deberían estar enfrentando la justicia, no pasando la página como si nada. La impunidad de quienes cometen abusos desde adentro del sistema judicial no puede seguir siendo la norma.
Lo más preocupante del caso de Affe Gutiérrez no es solo el horror vivido. Es el mensaje que deja al resto de nosotros:
Si un hombre con esposa periodista, acceso a abogados y visibilidad mediática tuvo que esperar más de diez años para que reconocieran su inocencia, ¿qué le queda al dominicano sin apellido, sin recursos y sin voz?
Aquí nadie paga por destruir una vida, nadie es sancionado por armar expedientes sin pruebas, nadie responde por ignorar órdenes de libertad, nadie asume la responsabilidad por el uso abusivo de la prisión preventiva como castigo anticipado.
Y lo más alarmante: aun después de reconocer el daño, las autoridades se resisten a soltar el expediente, apelan, dilatan, prolongan la agonía… porque pueden. Porque el sistema se los permite. Porque aquí la institucionalidad funciona para proteger al poderoso no al ciudadano.
La justicia dominicana no solo tiene fallas: tiene fisuras estructurales que permiten que un inocente pueda perder una década de su vida sin que nadie tiemble, renuncie o pida perdón.
Hoy el país observa el caso de Affe Gutiérrez como si fuera una excepción, pero en realidad es un recordatorio de que todos podemos ser él. De que cualquier dominicano puede caer en el mismo agujero negro donde caen los olvidados, los pobres, los anónimos.
Y mientras fiscales y jueces no respondan personalmente por sus errores, mientras la prisión preventiva siga siendo el atajo favorito, mientras la Procuraduría tenga vía libre para prolongar injusticias… la justicia seguirá siendo una lotería peligrosa.
Una donde el inocente siempre carga la peor parte Y donde el Estado, al final, nunca pierde.
Cómo nota curiosa mucha gente critica el nombre de "Déjala ir" para la iniciativa de congresistas dominicanas para luchar contra la violencia contra la mujer, peor si hay un caso que demuestra que hay veces que nunca las dejan ir este, más de una década después aún no la dejan ir.
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