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Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que actualmente cuenta con 35,284 clientes contratados bajo la modalidad de servicio Prepago, consolidando esta alternativa como una herramienta clave para fomentar un consumo eléctrico más eficiente dentro de su zona de concesión.

La empresa explicó que esta modalidad permite a los usuarios administrar su consumo de manera directa, recargando la energía según sus necesidades y posibilidades, lo que facilita una mejor planificación del gasto eléctrico en los hogares y promueve un uso más responsable del servicio.

Como parte de su plan de expansión y modernización del sistema, Edeeste proyecta integrar alrededor de 10,000 nuevos clientes Prepago durante el año 2026, en el marco de los proyectos de inversión y rehabilitación que ejecuta en distintos sectores. La distribuidora precisó que la implementación de esta modalidad requiere condiciones técnicas y comerciales específicas que garanticen su funcionamiento adecuado y su masificación sostenible, por lo que trabaja para ampliar gradualmente su alcance en más comunidades.

En cuanto a la distribución geográfica, los más de 35,000 clientes Prepago están organizados en cinco zonas operativas. La zona Luperón concentra el 42% de los clientes, incluyendo sectores como 27 de Febrero, Villa Juana, Villa María, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas y Guachupita, entre otros. 

En Santo Domingo Norte agrupa el 26% en sectores como Sabana Perdida, Cacique Primero, Cacique Segundo y Los Guaricanos. La zona Megacentro reúne el 24%, en comunidades como Los Tres Brazos, Riviera del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Barrio Las Enfermeras y Catanga. Las Américas concentra el 7% de los clientes en sectores como Pueblo Nuevo, Calero Villa Duarte, Simonico y Ensanche Ozama, mientras que Invivienda representa el 1%.

Los clientes Prepago pueden recargar el servicio y consultar su balance a través de WhatsApp al 809-637-1099 y mediante el Centro de Atención Telefónica 24 horas al 809-596-1099. Además, disponen de 14 oficinas y 30 agencias comerciales, así como una red de establecimientos aliados ubicados en zonas de alta concentración de usuarios.

Asimismo, la empresa mantiene una alianza estratégica con el Banco BHD que incluye subagentes bancarios autorizados en todo el país, de los cuales 184 estafetas y 40 sucursales están dentro de la zona de concesión.

Edeeste supera los 35 mil clientes con servicio Prepago y proyecta incorporar 10 mil más en 2026


Santo Domingo. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que actualmente cuenta con 35,284 clientes contratados bajo la modalidad de servicio Prepago, consolidando esta alternativa como una herramienta clave para fomentar un consumo eléctrico más eficiente dentro de su zona de concesión.

La empresa explicó que esta modalidad permite a los usuarios administrar su consumo de manera directa, recargando la energía según sus necesidades y posibilidades, lo que facilita una mejor planificación del gasto eléctrico en los hogares y promueve un uso más responsable del servicio.

Como parte de su plan de expansión y modernización del sistema, Edeeste proyecta integrar alrededor de 10,000 nuevos clientes Prepago durante el año 2026, en el marco de los proyectos de inversión y rehabilitación que ejecuta en distintos sectores. La distribuidora precisó que la implementación de esta modalidad requiere condiciones técnicas y comerciales específicas que garanticen su funcionamiento adecuado y su masificación sostenible, por lo que trabaja para ampliar gradualmente su alcance en más comunidades.

En cuanto a la distribución geográfica, los más de 35,000 clientes Prepago están organizados en cinco zonas operativas. La zona Luperón concentra el 42% de los clientes, incluyendo sectores como 27 de Febrero, Villa Juana, Villa María, Ensanche Luperón, Ensanche Capotillo, Villas Agrícolas y Guachupita, entre otros. 

En Santo Domingo Norte agrupa el 26% en sectores como Sabana Perdida, Cacique Primero, Cacique Segundo y Los Guaricanos. La zona Megacentro reúne el 24%, en comunidades como Los Tres Brazos, Riviera del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Barrio Las Enfermeras y Catanga. Las Américas concentra el 7% de los clientes en sectores como Pueblo Nuevo, Calero Villa Duarte, Simonico y Ensanche Ozama, mientras que Invivienda representa el 1%.

Los clientes Prepago pueden recargar el servicio y consultar su balance a través de WhatsApp al 809-637-1099 y mediante el Centro de Atención Telefónica 24 horas al 809-596-1099. Además, disponen de 14 oficinas y 30 agencias comerciales, así como una red de establecimientos aliados ubicados en zonas de alta concentración de usuarios.

Asimismo, la empresa mantiene una alianza estratégica con el Banco BHD que incluye subagentes bancarios autorizados en todo el país, de los cuales 184 estafetas y 40 sucursales están dentro de la zona de concesión.


 


Informan avances de segunda fase ubicada en sector Prado Oriental

Santo Domingo. – Fue entregada la primera etapa del Residencial Caribemar 15, un proyecto de soluciones habitacionales ubicado en el sector Prado Oriental, municipio Santo Domingo Este, a cargo de un selecto grupo de empresas unidas. 

Se trata de las compañías Home Premium Real Estate, Servicios Inmobiliarios Profesionales SIP, Inmobiliaria Loft Home RD, Ofertas Inmobiliarias RS e Inversiones Dhillon, SRL. La constructora a cargo de esta obra es el experimentado Grupo P, que cuenta con 15 proyectos realizados. 

Detallaron que los 40 apartamentos de la primera etapa están listos para ser habitados y sus áreas sociales ya pueden ser utilizadas. Estas incluyen: gimnasio, terraza, zona de juegos para niños, piscina, jacuzzi, entre otras.

Asimismo, informaron a la prensa, clientes e invitados especiales que la segunda etapa de la obra está en construcción, con un avance de un 25 %. Para esta ya han realizado el vaciado de varios edificios, el marcado y movimiento de tierra de los demás y otros trabajos adicionales.

Los representantes del proyecto detallaron que las unidades de edificios constan de cuatro niveles, con apartamentos de tres habitaciones y tres baños (el dormitorio principal con el suyo integrado). Además, con sala, comedor, cocina con desayunador, balcón de excelente tamaño, área de lavado y entre uno y dos parqueos.

Durante el acto de entrega formal, realizado en las instalaciones de la primera etapa de la obra, recordaron que la misma también cuenta entre sus atractivas amenidades con: seguridad 24 horas al día, cámara de vigilancia, control de acceso, parque, área verde, BBQ y gas común.

Los representantes de estas empresas resaltaron que las soluciones habitacionales tienen terminaciones muy convenientes para las personas interesadas en el proyecto. Precisaron que Residencial Caribemar 15 se ubica próximo a supermercados, farmacias, restaurantes, plazas comerciales, hospitales, entre otras ventajas externas. 

Indicaron que los apartamentos van desde los US$109,500, partiendo de los 89.3 metros cuadrados. Los ubicados en el cuarto nivel vienen con terraza privada y los del primer piso con su patio.

La obra se encuentra próxima a la avenida Ecológica, paralela a la autopista de San Isidro. 

Los interesados en agendar una cita para conocer más de este proyecto pueden contactar los números telefónicos: 809-496-3517, 809-877-9987, 829-775-5427 y 849-409-0245.

Entregan primera etapa de proyecto para viviendas en SDE

 


Informan avances de segunda fase ubicada en sector Prado Oriental

Santo Domingo. – Fue entregada la primera etapa del Residencial Caribemar 15, un proyecto de soluciones habitacionales ubicado en el sector Prado Oriental, municipio Santo Domingo Este, a cargo de un selecto grupo de empresas unidas. 

Se trata de las compañías Home Premium Real Estate, Servicios Inmobiliarios Profesionales SIP, Inmobiliaria Loft Home RD, Ofertas Inmobiliarias RS e Inversiones Dhillon, SRL. La constructora a cargo de esta obra es el experimentado Grupo P, que cuenta con 15 proyectos realizados. 

Detallaron que los 40 apartamentos de la primera etapa están listos para ser habitados y sus áreas sociales ya pueden ser utilizadas. Estas incluyen: gimnasio, terraza, zona de juegos para niños, piscina, jacuzzi, entre otras.

Asimismo, informaron a la prensa, clientes e invitados especiales que la segunda etapa de la obra está en construcción, con un avance de un 25 %. Para esta ya han realizado el vaciado de varios edificios, el marcado y movimiento de tierra de los demás y otros trabajos adicionales.

Los representantes del proyecto detallaron que las unidades de edificios constan de cuatro niveles, con apartamentos de tres habitaciones y tres baños (el dormitorio principal con el suyo integrado). Además, con sala, comedor, cocina con desayunador, balcón de excelente tamaño, área de lavado y entre uno y dos parqueos.

Durante el acto de entrega formal, realizado en las instalaciones de la primera etapa de la obra, recordaron que la misma también cuenta entre sus atractivas amenidades con: seguridad 24 horas al día, cámara de vigilancia, control de acceso, parque, área verde, BBQ y gas común.

Los representantes de estas empresas resaltaron que las soluciones habitacionales tienen terminaciones muy convenientes para las personas interesadas en el proyecto. Precisaron que Residencial Caribemar 15 se ubica próximo a supermercados, farmacias, restaurantes, plazas comerciales, hospitales, entre otras ventajas externas. 

Indicaron que los apartamentos van desde los US$109,500, partiendo de los 89.3 metros cuadrados. Los ubicados en el cuarto nivel vienen con terraza privada y los del primer piso con su patio.

La obra se encuentra próxima a la avenida Ecológica, paralela a la autopista de San Isidro. 

Los interesados en agendar una cita para conocer más de este proyecto pueden contactar los números telefónicos: 809-496-3517, 809-877-9987, 829-775-5427 y 849-409-0245.


 


El parque vehicular de la República Dominicana continúa creciendo a un ritmo sostenido, pero hay un dato que llama particularmente la atención: las motocicletas ya no son simplemente una parte importante del tránsito nacional, sino el componente predominante. Las cifras oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) confirman una tendencia que transforma la movilidad del país y, al mismo tiempo, plantea serios desafíos en materia de seguridad vial.

Al 31 de diciembre de 2023, las motocicletas representaban el 56.5 % del total del parque vehicular nacional. Un año después, al cierre de 2024, esa proporción aumentó a 57.0 %, lo que equivale a 3,531,967 motocicletas de un total de 6,194,052 vehículos de motor registrados. Las proyecciones y reportes periodísticos para finales de 2025 presento un estimado de 6,589,164 vehículos, el 57.16 % corresponde a motocicletas, es decir, alrededor de 3,805,712 unidades.

Estas cifras evidencian una realidad contundente: más de la mitad de los vehículos que circulan en la República Dominicana son motocicletas.

Un fenómeno de crecimiento acelerado

El aumento sostenido de motocicletas en las calles responde a múltiples factores: su menor costo frente a los automóviles, el bajo consumo de combustible, la facilidad de financiamiento y su utilidad tanto para el transporte personal como para actividades económicas (mensajería, reparto, motoconcho, entre otros).

Sin embargo, el crecimiento cuantitativo no ha sido acompañado, en la misma proporción, por una cultura de respeto a las normas de tránsito ni por un fortalecimiento suficiente de los mecanismos de fiscalización y educación vial.

Cuando más del 57 % del parque vehicular está compuesto por motocicletas, cualquier conducta imprudente deja de ser un hecho aislado y se convierte en un problema estructural de seguridad pública.

El peligro en las calles

El incremento del número de motoristas en circulación trae consigo un riesgo creciente para conductores, peatones y para los propios motociclistas. En la práctica diaria se observan múltiples imprudencias que agravan la situación que van desde; transitar a alta velocidad en vías urbanas, conducir en vía contraria, realizar cruces temerarios entre vehículos, circular entre carriles sin respetar la distancia de seguridad, conducir sin casco de protección y transportar pasajeros que tampoco utilizan casco.

Estas conductas no solo violan las normas básicas de tránsito, sino que multiplican la probabilidad de accidentes graves y fatales. La motocicleta, por su propia naturaleza, ofrece menor protección física que un automóvil. Ante un impacto, el cuerpo del conductor queda expuesto casi por completo.

Cuando a esa vulnerabilidad se le suma la imprudencia, el resultado es previsible: aumento de lesiones severas, presión sobre los servicios de salud y un alto costo social y económico para el país.


Un desafío de orden público y cultural

El crecimiento del parque de motocicletas plantea una pregunta inevitable: ¿está el país preparado para gestionar este fenómeno?

La respuesta no puede limitarse al control policial. Se requiere una estrategia integral que incluya medidas como; educación vial obligatoria y efectiva, fiscalización constante y sanciones ejemplares, regulación más estricta del uso del casco, campañas permanentes de concienciación y registro y formalización del sector motoconcho.

La problemática no es la motocicleta en sí misma, sino el uso irresponsable que una parte significativa de los conductores hace de ella. La normalización de la imprudencia ha generado una percepción de impunidad que debe ser enfrentada con firmeza institucional.

Una advertencia para el futuro

Si la tendencia se mantiene, para los próximos años el país podría superar los cuatro millones de motocicletas en circulación. Esto significa más congestión, mayor exposición al riesgo y una presión creciente sobre la infraestructura vial.

El dato estadístico —57 % del parque vehicular compuesto por motocicletas— no es solo una cifra técnica. Es una señal de alerta. El crecimiento sin control y sin educación adecuada puede convertir la movilidad en una amenaza constante.

La República Dominicana enfrenta el reto de equilibrar desarrollo y seguridad. La motocicleta seguirá siendo una herramienta útil y necesaria para miles de dominicanos, pero su expansión debe ir acompañada de responsabilidad, cumplimiento de la ley y una transformación profunda en la cultura vial.

Porque cuando la imprudencia se vuelve cotidiana, el peligro deja de ser excepcional y pasa a formar parte del paisaje diario. Y eso, como sociedad, no podemos permitirlo.



La autora es Marianela Henriquez, Ing. de Sistemas y Computación, especialista en GTE.

marianela.virginia@gmail.com

Crecimiento acelerado y riesgos crecientes en las calles dominicanas

 


El parque vehicular de la República Dominicana continúa creciendo a un ritmo sostenido, pero hay un dato que llama particularmente la atención: las motocicletas ya no son simplemente una parte importante del tránsito nacional, sino el componente predominante. Las cifras oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) confirman una tendencia que transforma la movilidad del país y, al mismo tiempo, plantea serios desafíos en materia de seguridad vial.

Al 31 de diciembre de 2023, las motocicletas representaban el 56.5 % del total del parque vehicular nacional. Un año después, al cierre de 2024, esa proporción aumentó a 57.0 %, lo que equivale a 3,531,967 motocicletas de un total de 6,194,052 vehículos de motor registrados. Las proyecciones y reportes periodísticos para finales de 2025 presento un estimado de 6,589,164 vehículos, el 57.16 % corresponde a motocicletas, es decir, alrededor de 3,805,712 unidades.

Estas cifras evidencian una realidad contundente: más de la mitad de los vehículos que circulan en la República Dominicana son motocicletas.

Un fenómeno de crecimiento acelerado

El aumento sostenido de motocicletas en las calles responde a múltiples factores: su menor costo frente a los automóviles, el bajo consumo de combustible, la facilidad de financiamiento y su utilidad tanto para el transporte personal como para actividades económicas (mensajería, reparto, motoconcho, entre otros).

Sin embargo, el crecimiento cuantitativo no ha sido acompañado, en la misma proporción, por una cultura de respeto a las normas de tránsito ni por un fortalecimiento suficiente de los mecanismos de fiscalización y educación vial.

Cuando más del 57 % del parque vehicular está compuesto por motocicletas, cualquier conducta imprudente deja de ser un hecho aislado y se convierte en un problema estructural de seguridad pública.

El peligro en las calles

El incremento del número de motoristas en circulación trae consigo un riesgo creciente para conductores, peatones y para los propios motociclistas. En la práctica diaria se observan múltiples imprudencias que agravan la situación que van desde; transitar a alta velocidad en vías urbanas, conducir en vía contraria, realizar cruces temerarios entre vehículos, circular entre carriles sin respetar la distancia de seguridad, conducir sin casco de protección y transportar pasajeros que tampoco utilizan casco.

Estas conductas no solo violan las normas básicas de tránsito, sino que multiplican la probabilidad de accidentes graves y fatales. La motocicleta, por su propia naturaleza, ofrece menor protección física que un automóvil. Ante un impacto, el cuerpo del conductor queda expuesto casi por completo.

Cuando a esa vulnerabilidad se le suma la imprudencia, el resultado es previsible: aumento de lesiones severas, presión sobre los servicios de salud y un alto costo social y económico para el país.


Un desafío de orden público y cultural

El crecimiento del parque de motocicletas plantea una pregunta inevitable: ¿está el país preparado para gestionar este fenómeno?

La respuesta no puede limitarse al control policial. Se requiere una estrategia integral que incluya medidas como; educación vial obligatoria y efectiva, fiscalización constante y sanciones ejemplares, regulación más estricta del uso del casco, campañas permanentes de concienciación y registro y formalización del sector motoconcho.

La problemática no es la motocicleta en sí misma, sino el uso irresponsable que una parte significativa de los conductores hace de ella. La normalización de la imprudencia ha generado una percepción de impunidad que debe ser enfrentada con firmeza institucional.

Una advertencia para el futuro

Si la tendencia se mantiene, para los próximos años el país podría superar los cuatro millones de motocicletas en circulación. Esto significa más congestión, mayor exposición al riesgo y una presión creciente sobre la infraestructura vial.

El dato estadístico —57 % del parque vehicular compuesto por motocicletas— no es solo una cifra técnica. Es una señal de alerta. El crecimiento sin control y sin educación adecuada puede convertir la movilidad en una amenaza constante.

La República Dominicana enfrenta el reto de equilibrar desarrollo y seguridad. La motocicleta seguirá siendo una herramienta útil y necesaria para miles de dominicanos, pero su expansión debe ir acompañada de responsabilidad, cumplimiento de la ley y una transformación profunda en la cultura vial.

Porque cuando la imprudencia se vuelve cotidiana, el peligro deja de ser excepcional y pasa a formar parte del paisaje diario. Y eso, como sociedad, no podemos permitirlo.



La autora es Marianela Henriquez, Ing. de Sistemas y Computación, especialista en GTE.

marianela.virginia@gmail.com



El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el ascenso del general Andrés Modesto Cruz Cruz, P.N., al rango de mayor general y su designación como nuevo director general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 111-26.



La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23.  

En la misma decisión, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue colocado en honrosa situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial.

El mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026). Previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”. Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

📰 Amplíe: www.policianacional.gob.do

Presidente Abinader asciende a Andrés Modesto Cruz Cruz y lo designa como nuevo director general de la Policía Nacional


El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el ascenso del general Andrés Modesto Cruz Cruz, P.N., al rango de mayor general y su designación como nuevo director general de la Policía Nacional, mediante el Decreto núm. 111-26.



La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23.  

En la misma decisión, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta fue colocado en honrosa situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial.

El mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna. Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026). Previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando.

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”. Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

📰 Amplíe: www.policianacional.gob.do



 Santo Domingo-La categoría 10U de Valdez Academy reafirmó su liderazgo competitivo al coronarse campeón del Perfect Game Dominican Classic 2026, consolidando una racha de cuatro campeonatos consecutivos en los torneos más recientes en los que ha participado.

Bajo la dirección del exjugador profesional Juan Emilio Bell, el equipo mostró un desempeño sólido y consistente en todas las áreas del juego: ofensiva productiva, defensa estructurada y ejecución estratégica en situaciones de presión. La preparación técnica y la disciplina competitiva fueron determinantes para alcanzar el título.

El conjunto campeón estuvo conformado por: Carlos Jovine (The- Kid), Jonathan Peña (The Future), Ariel de la Cruz, Jhaziel Marrero, Andrés Villegas, Rodrigo Hirujo, Luis Ortega, Lucas Fernández, Leandro Morales, Rodrigo Gómez (Rodri-Ice), Christopher Mateo y Diego Vega.

Con este nuevo campeonato, la categoría U10 de Valdez Academy acumula cuatro títulos consecutivos, resultado de un proceso formativo estructurado orientado al alto rendimiento, que prioriza fundamentos técnicos, preparación física y fortaleza mental desde edades tempranas.

El desempeño sostenido del equipo posiciona a Valdez Academy como uno de los programas formativos más competitivos dentro del béisbol infantil dominicano, proyectando talento con estándares alineados a escenarios nacionales e internacionales.

Esta generación comienza a marcar una etapa de dominio competitivo en su categoría en el país.

Valdez Academy consolida su dominio y conquista el Perfect Game Dominican Classic 2026 10U


 Santo Domingo-La categoría 10U de Valdez Academy reafirmó su liderazgo competitivo al coronarse campeón del Perfect Game Dominican Classic 2026, consolidando una racha de cuatro campeonatos consecutivos en los torneos más recientes en los que ha participado.

Bajo la dirección del exjugador profesional Juan Emilio Bell, el equipo mostró un desempeño sólido y consistente en todas las áreas del juego: ofensiva productiva, defensa estructurada y ejecución estratégica en situaciones de presión. La preparación técnica y la disciplina competitiva fueron determinantes para alcanzar el título.

El conjunto campeón estuvo conformado por: Carlos Jovine (The- Kid), Jonathan Peña (The Future), Ariel de la Cruz, Jhaziel Marrero, Andrés Villegas, Rodrigo Hirujo, Luis Ortega, Lucas Fernández, Leandro Morales, Rodrigo Gómez (Rodri-Ice), Christopher Mateo y Diego Vega.

Con este nuevo campeonato, la categoría U10 de Valdez Academy acumula cuatro títulos consecutivos, resultado de un proceso formativo estructurado orientado al alto rendimiento, que prioriza fundamentos técnicos, preparación física y fortaleza mental desde edades tempranas.

El desempeño sostenido del equipo posiciona a Valdez Academy como uno de los programas formativos más competitivos dentro del béisbol infantil dominicano, proyectando talento con estándares alineados a escenarios nacionales e internacionales.

Esta generación comienza a marcar una etapa de dominio competitivo en su categoría en el país.



Santo Domingo-El coordinador general de la Línea de Apoyo Presidencial (LAP, ) , Alex Ramírez, calificó como “muy relevante” la valoración que realizan los  organismos externos  sobre el rumbo institucional, económico y democrático del país, señalando que dichos informes fortalecen la confianza nacional e internacional en la actual administración.

El Gobierno dominicano informó recientemente que el país alcanzó 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), consolidando una tendencia de mejora sostenida en los últimos años. Este avance posiciona a la República Dominicana entre el reducido grupo de países que han logrado progresos continuos en este indicador a nivel internacional.

El IPC es considerado un instrumento clave para evaluar la integridad pública, la transparencia y la calidad institucional. El resultado obtenido refleja una mejora acumulada en los últimos cinco años, evidenciando avances en la gestión pública y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En el ámbito económico, el Banco Mundial destacó que uno de los principales motores del crecimiento proyectado para el país es el fortalecimiento del clima de negocios. Las políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad, la modernización de los marcos regulatorios y las facilidades para la inversión han sido determinantes en este proceso.

Estas acciones han permitido posicionar a la República Dominicana como un destino atractivo para los capitales internacionales. La confianza de los inversionistas se refleja en la expansión de sectores estratégicos como el turismo, zonas francas, energía, manufactura y servicios.

Asimismo plantea el Lic francisco Roja Sec de asuntos económicos de ( LAP)  el organismo multilateral subraya que la expansión de las exportaciones, tanto tradicionales como de mayor valor agregado, ha contribuido a reducir la dependencia de pocos mercados, elemento considerado estratégico para sostener el crecimiento a mediano plazo.

El dinamismo del consumo interno y la estabilidad del sistema financiero también han fortalecido la actividad económica, permitiendo amortiguar los efectos de la volatilidad externa. Según el Banco Mundial, este equilibrio macroeconómico representa una ventaja competitiva frente a otros países de la región.

La Línea de Apoyo Presidencial reiteró su compromiso de continuar respaldando las iniciativas que fortalezcan la transparencia, el crecimiento económico y el desarrollo institucional del país.

LAP ve con esperanza informe del Banco Mundial y el de Transparencia del IPC


Santo Domingo-El coordinador general de la Línea de Apoyo Presidencial (LAP, ) , Alex Ramírez, calificó como “muy relevante” la valoración que realizan los  organismos externos  sobre el rumbo institucional, económico y democrático del país, señalando que dichos informes fortalecen la confianza nacional e internacional en la actual administración.

El Gobierno dominicano informó recientemente que el país alcanzó 37 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), consolidando una tendencia de mejora sostenida en los últimos años. Este avance posiciona a la República Dominicana entre el reducido grupo de países que han logrado progresos continuos en este indicador a nivel internacional.

El IPC es considerado un instrumento clave para evaluar la integridad pública, la transparencia y la calidad institucional. El resultado obtenido refleja una mejora acumulada en los últimos cinco años, evidenciando avances en la gestión pública y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

En el ámbito económico, el Banco Mundial destacó que uno de los principales motores del crecimiento proyectado para el país es el fortalecimiento del clima de negocios. Las políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad, la modernización de los marcos regulatorios y las facilidades para la inversión han sido determinantes en este proceso.

Estas acciones han permitido posicionar a la República Dominicana como un destino atractivo para los capitales internacionales. La confianza de los inversionistas se refleja en la expansión de sectores estratégicos como el turismo, zonas francas, energía, manufactura y servicios.

Asimismo plantea el Lic francisco Roja Sec de asuntos económicos de ( LAP)  el organismo multilateral subraya que la expansión de las exportaciones, tanto tradicionales como de mayor valor agregado, ha contribuido a reducir la dependencia de pocos mercados, elemento considerado estratégico para sostener el crecimiento a mediano plazo.

El dinamismo del consumo interno y la estabilidad del sistema financiero también han fortalecido la actividad económica, permitiendo amortiguar los efectos de la volatilidad externa. Según el Banco Mundial, este equilibrio macroeconómico representa una ventaja competitiva frente a otros países de la región.

La Línea de Apoyo Presidencial reiteró su compromiso de continuar respaldando las iniciativas que fortalezcan la transparencia, el crecimiento económico y el desarrollo institucional del país.


 


San Cristóbal. – El coordinador nacional de los movimientos de apoyo del proyecto “Carolina Presidente 2028”, Fernando Paniagua (Nando), junto al coordinador ejecutivo, Reily Feliz, sostuvo un importante encuentro con los coordinadores de esta estructura política en esta demarcación.

Durante la reunión se evaluaron los avances de los trabajos organizativos desarrollados en la provincia San Cristóbal, bajo la coordinación provincial de Santiago Burgos, conocido como “El Chino”.

Paniagua informó que, en el balance del encuentro, se reflejaron resultados positivos, destacándose el fortalecimiento de la estructura, el crecimiento de los movimientos de apoyo y el compromiso con la visión de país que impulsa Carolina Mejía.

“Tenemos que felicitar a este equipo por la disciplina, organización y entrega demostradas en cada una de las acciones ejecutadas. Asimismo, le exhortamos a continuar consolidando los movimientos, ampliar la base de apoyo y fortalecer el liderazgo territorial, resaltando que el trabajo constante es fundamental para alcanzar los objetivos políticos”, expresó Paniagua.

Los dirigentes resaltaron que la provincia San Cristóbal se mantiene organizada, enfocada y comprometida con el desarrollo del proyecto presidencial, destacando que la estructura política continúa avanzando con determinación.

“En San Cristóbal hay equipo, hay estructura y hay compromiso. Seguimos trabajando con firmeza”, expresaron los coordinadores al concluir el encuentro.

Fernando Paniagua sostiene un encuentro con los coordinadores del proyecto “Carolina Presidente 2028” en San Cristóbal

 


San Cristóbal. – El coordinador nacional de los movimientos de apoyo del proyecto “Carolina Presidente 2028”, Fernando Paniagua (Nando), junto al coordinador ejecutivo, Reily Feliz, sostuvo un importante encuentro con los coordinadores de esta estructura política en esta demarcación.

Durante la reunión se evaluaron los avances de los trabajos organizativos desarrollados en la provincia San Cristóbal, bajo la coordinación provincial de Santiago Burgos, conocido como “El Chino”.

Paniagua informó que, en el balance del encuentro, se reflejaron resultados positivos, destacándose el fortalecimiento de la estructura, el crecimiento de los movimientos de apoyo y el compromiso con la visión de país que impulsa Carolina Mejía.

“Tenemos que felicitar a este equipo por la disciplina, organización y entrega demostradas en cada una de las acciones ejecutadas. Asimismo, le exhortamos a continuar consolidando los movimientos, ampliar la base de apoyo y fortalecer el liderazgo territorial, resaltando que el trabajo constante es fundamental para alcanzar los objetivos políticos”, expresó Paniagua.

Los dirigentes resaltaron que la provincia San Cristóbal se mantiene organizada, enfocada y comprometida con el desarrollo del proyecto presidencial, destacando que la estructura política continúa avanzando con determinación.

“En San Cristóbal hay equipo, hay estructura y hay compromiso. Seguimos trabajando con firmeza”, expresaron los coordinadores al concluir el encuentro.



Santo Domingo- La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció este jueves la incorporación de sus primeras unidades totalmente eléctricas al servicio de transporte nocturno del corredor Kennedy, como parte de su proceso de modernización y compromiso con un transporte más eficiente, económico y sostenible para la ciudadanía.

A un mes de haber puesto en funcionamiento el corredor Kennedy en horario nocturno, con resultados satisfactorios y una alta valoración por parte de los usuarios, la entidad da un paso más hacia la innovación al introducir un vehículo 100 % eléctrico que operará en esta ruta estratégica del Distrito Nacional.

El presidente de la CNTU, William Pérez Figuereo, destacó que esta iniciativa marca un antes y un después en el transporte sindicalizado del país.

“Estamos demostrando que el sector transporte puede modernizarse, puede apostar a la tecnología y, al mismo tiempo, beneficiar directamente a la población con tarifas más justas. Este es un compromiso con los capitalinos y con el futuro del transporte en la República Dominicana”, expresó Pérez Figuereo.

La CNTU informó que el ahorro generado por la transición de vehículos de combustión a unidades eléctricas será transferido directamente a los pasajeros. En ese sentido, el costo del pasaje en estas nuevas unidades será de 35 pesos, diez pesos menos que la tarifa actual de 45 pesos en los vehículos tradicionales de combustible.

La organización destacó que esta medida representa un avance significativo hacia un modelo de movilidad más limpio, silencioso y amigable con el medio ambiente, alineado con las tendencias globales en materia de transporte sostenible.

La CNTU agradeció de manera especial al señor Charlie Sánchez, gerente general de Aurora Technology, uno de los empresarios responsables de traer al país esta innovadora unidad eléctrica y ponerla a disposición del corredor Kennedy nocturno.

Con esta incorporación, la CNTU reafirma su compromiso de continuar transformando el transporte público dominicano, priorizando la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios y la reducción de costos para la población.

CNTU lanza primeras unidades eléctricas en el transporte nocturno del corredor Kennedy


Santo Domingo- La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció este jueves la incorporación de sus primeras unidades totalmente eléctricas al servicio de transporte nocturno del corredor Kennedy, como parte de su proceso de modernización y compromiso con un transporte más eficiente, económico y sostenible para la ciudadanía.

A un mes de haber puesto en funcionamiento el corredor Kennedy en horario nocturno, con resultados satisfactorios y una alta valoración por parte de los usuarios, la entidad da un paso más hacia la innovación al introducir un vehículo 100 % eléctrico que operará en esta ruta estratégica del Distrito Nacional.

El presidente de la CNTU, William Pérez Figuereo, destacó que esta iniciativa marca un antes y un después en el transporte sindicalizado del país.

“Estamos demostrando que el sector transporte puede modernizarse, puede apostar a la tecnología y, al mismo tiempo, beneficiar directamente a la población con tarifas más justas. Este es un compromiso con los capitalinos y con el futuro del transporte en la República Dominicana”, expresó Pérez Figuereo.

La CNTU informó que el ahorro generado por la transición de vehículos de combustión a unidades eléctricas será transferido directamente a los pasajeros. En ese sentido, el costo del pasaje en estas nuevas unidades será de 35 pesos, diez pesos menos que la tarifa actual de 45 pesos en los vehículos tradicionales de combustible.

La organización destacó que esta medida representa un avance significativo hacia un modelo de movilidad más limpio, silencioso y amigable con el medio ambiente, alineado con las tendencias globales en materia de transporte sostenible.

La CNTU agradeció de manera especial al señor Charlie Sánchez, gerente general de Aurora Technology, uno de los empresarios responsables de traer al país esta innovadora unidad eléctrica y ponerla a disposición del corredor Kennedy nocturno.

Con esta incorporación, la CNTU reafirma su compromiso de continuar transformando el transporte público dominicano, priorizando la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios y la reducción de costos para la población.


 


SANTO DOMINGO. El dirigente político y primer vicepresidente del Partido Dominicanos por el Cambio Gilberto Valdez, expresó su satisfacción tras recibir su nueva cédula de identidad, destacando que se trata de un documento moderno, confiable y acorde a las demandas de estos tiempos. Señaló además que la identidad constituye un pilar fundamental para la participación plena de los ciudadanos en la vida social e institucional del país.

Valdez manifestó que la nueva cédula representa tranquilidad y respaldo para los ciudadanos en sus gestiones cotidianas, al contar con mayores estándares de seguridad y tecnología. A su juicio, este avance contribuye a fortalecer la confianza de la población en los sistemas de identificación nacional.

Asimismo, resaltó los esfuerzos del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader por impulsar un documento de identidad más moderno y seguro para todos los dominicanos, considerándolo un paso firme hacia la actualización y el fortalecimiento institucional.

El dirigente también valoró la labor de la Junta Central Electoral en el proceso de renovación, señalando que la institución ha establecido una dinámica organizada de entrega que incluye jornadas programadas, centros habilitados en distintas localidades y un proceso ágil de verificación y emisión para garantizar orden y eficiencia.

Finalmente, hizo un llamado a la población a acudir de manera masiva y responsable cuando les corresponda obtener su nueva cédula, subrayando que este proceso es un beneficio colectivo que fortalece la identidad nacional y contribuye al desarrollo de un sistema de identificación robusto y confiable para todos.

Gilberto Valdez destaca importancia de la nueva cédula y llama a la población a renovarla

 


SANTO DOMINGO. El dirigente político y primer vicepresidente del Partido Dominicanos por el Cambio Gilberto Valdez, expresó su satisfacción tras recibir su nueva cédula de identidad, destacando que se trata de un documento moderno, confiable y acorde a las demandas de estos tiempos. Señaló además que la identidad constituye un pilar fundamental para la participación plena de los ciudadanos en la vida social e institucional del país.

Valdez manifestó que la nueva cédula representa tranquilidad y respaldo para los ciudadanos en sus gestiones cotidianas, al contar con mayores estándares de seguridad y tecnología. A su juicio, este avance contribuye a fortalecer la confianza de la población en los sistemas de identificación nacional.

Asimismo, resaltó los esfuerzos del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader por impulsar un documento de identidad más moderno y seguro para todos los dominicanos, considerándolo un paso firme hacia la actualización y el fortalecimiento institucional.

El dirigente también valoró la labor de la Junta Central Electoral en el proceso de renovación, señalando que la institución ha establecido una dinámica organizada de entrega que incluye jornadas programadas, centros habilitados en distintas localidades y un proceso ágil de verificación y emisión para garantizar orden y eficiencia.

Finalmente, hizo un llamado a la población a acudir de manera masiva y responsable cuando les corresponda obtener su nueva cédula, subrayando que este proceso es un beneficio colectivo que fortalece la identidad nacional y contribuye al desarrollo de un sistema de identificación robusto y confiable para todos.


 


Cada poste derribado, cada medidor destruido, cada intervención ilegal en las redes eléctricas no es un simple incidente técnico. Es un atentado directo contra bienes públicos, contra recursos del Estado y contra la estabilidad de un sistema que sostiene la vida económica y social del país.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen —y que pocas veces se responde con claridad— es: ¿por qué no se sanciona con mayor severidad a quienes provocan estos daños?.

La infraestructura eléctrica no pertenece únicamente a una empresa distribuidora. Representa inversiones millonarias realizadas con recursos públicos, financiamiento estatal y aportes que, directa o indirectamente, provienen de los ciudadanos. Cuando un tercero manipula redes, rompe medidores o impacta un poste por imprudencia, no solo genera un gasto de reposición: provoca pérdidas materiales, costos operativos imprevistos y presiones financieras que terminan ampliando el déficit del sector eléctrico.

A los daños visibles —postes, transformadores, cables, equipos de medición— se suman costos menos evidentes, pero igual de significativos: movilización de brigadas, horas extra, uso de equipos especializados, combustible, interrupciones del servicio y reposición de inventario. Todo esto ocurre mientras la prioridad institucional es restablecer la energía a la comunidad en el menor tiempo posible.

Cuando no hay consecuencias firmes, el mensaje que se envía es peligroso: que atentar contra la infraestructura eléctrica no tiene un costo real para quien lo hace. Pero sí lo tiene. Y lo asume el sistema. Y cuando el sistema asume, el impacto recae sobre el Estado y, en última instancia, sobre la sociedad.

Se hace impostergable revisar y fortalecer el marco legal vigente para que los daños a la infraestructura eléctrica sean tipificados con mayor severidad y proporcionalidad al impacto que generan. No se trata de una falta menor: hablamos de pérdidas económicas para el Estado, interrupciones de un servicio esencial, riesgos para la vida humana y un aumento del déficit financiero que afecta a toda la sociedad. La ley debe establecer sanciones ejemplares, ágiles y efectivas, que incluyan responsabilidades civiles y penales claras, así como mecanismos de recuperación de costos. Del mismo modo, es fundamental que las autoridades civiles y militares actúen.

La mejora del sector eléctrico no depende únicamente de inversiones, modernización tecnológica o reformas administrativas. Requiere también una cuota clara y decidida de responsabilidad ciudadana. Respetar las redes, denunciar intervenciones ilegales, conducir con prudencia, no manipular equipos y comprender que la energía es un servicio esencial son acciones que forman parte del compromiso colectivo con el desarrollo.


No podemos exigir un servicio más estable y eficiente mientras toleramos conductas que lo debilitan. No podemos hablar de sostenibilidad financiera si permitimos que los daños queden impunes. Y no podemos fortalecer el sistema eléctrico si no entendemos que su protección es una responsabilidad compartida.


La infraestructura eléctrica es patrimonio nacional. Cuidarla no es solo una obligación legal; es un deber ético. Porque cada acción irresponsable que la afecta no golpea a una institución: golpea al país.

¿Por qué no se sanciona con firmeza a quienes destruyen la infraestructura eléctrica y afectan el patrimonio del Estado?

 


Cada poste derribado, cada medidor destruido, cada intervención ilegal en las redes eléctricas no es un simple incidente técnico. Es un atentado directo contra bienes públicos, contra recursos del Estado y contra la estabilidad de un sistema que sostiene la vida económica y social del país.

Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen —y que pocas veces se responde con claridad— es: ¿por qué no se sanciona con mayor severidad a quienes provocan estos daños?.

La infraestructura eléctrica no pertenece únicamente a una empresa distribuidora. Representa inversiones millonarias realizadas con recursos públicos, financiamiento estatal y aportes que, directa o indirectamente, provienen de los ciudadanos. Cuando un tercero manipula redes, rompe medidores o impacta un poste por imprudencia, no solo genera un gasto de reposición: provoca pérdidas materiales, costos operativos imprevistos y presiones financieras que terminan ampliando el déficit del sector eléctrico.

A los daños visibles —postes, transformadores, cables, equipos de medición— se suman costos menos evidentes, pero igual de significativos: movilización de brigadas, horas extra, uso de equipos especializados, combustible, interrupciones del servicio y reposición de inventario. Todo esto ocurre mientras la prioridad institucional es restablecer la energía a la comunidad en el menor tiempo posible.

Cuando no hay consecuencias firmes, el mensaje que se envía es peligroso: que atentar contra la infraestructura eléctrica no tiene un costo real para quien lo hace. Pero sí lo tiene. Y lo asume el sistema. Y cuando el sistema asume, el impacto recae sobre el Estado y, en última instancia, sobre la sociedad.

Se hace impostergable revisar y fortalecer el marco legal vigente para que los daños a la infraestructura eléctrica sean tipificados con mayor severidad y proporcionalidad al impacto que generan. No se trata de una falta menor: hablamos de pérdidas económicas para el Estado, interrupciones de un servicio esencial, riesgos para la vida humana y un aumento del déficit financiero que afecta a toda la sociedad. La ley debe establecer sanciones ejemplares, ágiles y efectivas, que incluyan responsabilidades civiles y penales claras, así como mecanismos de recuperación de costos. Del mismo modo, es fundamental que las autoridades civiles y militares actúen.

La mejora del sector eléctrico no depende únicamente de inversiones, modernización tecnológica o reformas administrativas. Requiere también una cuota clara y decidida de responsabilidad ciudadana. Respetar las redes, denunciar intervenciones ilegales, conducir con prudencia, no manipular equipos y comprender que la energía es un servicio esencial son acciones que forman parte del compromiso colectivo con el desarrollo.


No podemos exigir un servicio más estable y eficiente mientras toleramos conductas que lo debilitan. No podemos hablar de sostenibilidad financiera si permitimos que los daños queden impunes. Y no podemos fortalecer el sistema eléctrico si no entendemos que su protección es una responsabilidad compartida.


La infraestructura eléctrica es patrimonio nacional. Cuidarla no es solo una obligación legal; es un deber ético. Porque cada acción irresponsable que la afecta no golpea a una institución: golpea al país.


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