Santo Domingo. Una investigación ha puesto al descubierto una presunta modificación irregular de los procedimientos de contratación del Seguro Nacional de Salud (SENASA) a partir del año 2020, lo que supuestamente condujo a un aumento exponencial del gasto en inmunización y la facturación de vacunas gratuitas.
El modelo de vacunación previo a 2020
Antes del año 2020, la política institucional de SENASA se enfocaba en priorizar los centros de la red pública y del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Hasta esa fecha, solo dos prestadores privados estaban autorizados.
El Ministerio de Salud Pública distribuye las vacunas, obtenidas sin costo a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a unos 1,400 puestos de vacunación a nivel nacional. La distribución es gratuita, y bajo este esquema, el país logró coberturas de entre 98% y 100% entre 2022 y 2024, con la entrega de más de 12.3 millones de dosis. En este sistema, SENASA únicamente reconocía el pago por la administración y aplicación de las dosis, no por su adquisición, dado que eran provistas por el Estado.
Creación irregular y la alteración del proceso
La investigación detalla que, en 2020, con el cambio de gestión, el entonces director ejecutivo de SENASA, Santiago Marcelo Hazim Albainy, creó el Comité de Contrataciones Médicas. Según el informe, esta estructura se estableció de manera irregular y sin sustento legal.
Esta estructura paralela habría alterado los protocolos técnicos de evaluación y habilitación de prestadores, facilitando la contratación de centros privados para la vacunación sin cumplir con los criterios establecidos. Las pesquisas sugieren que esta modificación fue aprovechada por una presunta estructura para inflar estadísticas, facturar vacunas que nunca se aplicaron y apropiarse de fondos destinados a la salud preventiva.
Impacto financiero: el Gasto se multiplicó
El informe General de Prestación de Servicios de Vacunas de SENASA, que abarca el periodo de enero de 2021 a septiembre de 2025, revela un crecimiento abrupto en la demanda y los pagos realizados:
Población Beneficiada: La población usuaria impactada por el servicio de vacunación pasó de 16,768 personas en 2021 a 63,619 en 2023, lo que representa una triplicación en solo dos años.
Aumento de Autorizaciones: Las autorizaciones médicas experimentaron un incremento del 453%, pasando de 50 millones de pesos en 2021 a más de 279 millones de pesos en 2023.
Pico de facturación: El valor facturado alcanzó un máximo de RD$465 millones en 2023, una cifra que es casi nueve veces mayor que la registrada en 2021.
Además, la investigación detectó que a los prestadores privados se les pagaba RD$200.00 por cada vacuna aplicada, un monto que no coincidía con el tarifario oficial, considerando que las dosis eran gratuitas y provenían directamente del PAI.
El resultado de estas inconsistencias y alteraciones permitió que SENASA destinara más de mil cuatrocientos millones de pesos a un esquema que presuntamente facturó vacunas gratuitas e incrementó de forma injustificada el gasto en inmunización durante el periodo analizado.
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