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Una mirada crítica al Anteproyecto de ley del ejercicio de la abogacía y la notaría en Republica Dominicana

Por: Rusbel Sánchez
En nuestro país desde hace mucho tiempo se ha criticado y analizado que nuestro sistema de justicia está en un colapso garrafal, cada día estamos más consientes del problema afrontado, por ende se han querido crear por décadas un sin número de mecanismos para resolver este gran conflicto. Entre ellos está la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, de presentar el Anteproyecto de Ley de Regulación del Ejercicio del Derecho en la República Dominicana.

Según el principal tribunal del país las deficiencias de muchos profesionales del derecho ha forzado a las autoridades pertinentes hacer un alto ante el caos; por lo que justifican la toma de medidas drásticas para disminuir y tener un control en el ejercicio del derecho.

Esto ha causado un revuelo en toda la Comunidad Jurídica, Colegio de Abogados, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entre otras. En ese orden las universidades de nuestro país, en especial la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha sido la más afectada por ser la de mayor porcentaje de egresados con un 50% de los abogados que salen a los tribunales.

En este sentido como estudiante de derecho de la UASD me resisto aceptar este las condiciones de ese anteproyecto de ley, pues lo entiendo como inconstitucional, ya que según expresa el Art. 98 de nuestra Carta Magna-Iniciativa de ley. Tienen derecho a iniciativa en la formación de las Leyes: 

1) Los senadores o senadoras y los diputados o diputadas;
2) El Presidente de la República;
3) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales;
4) La Junta Central Electoral en asuntos electorales.
Quiere decir que la Suprema Corte de Justicia solo tiene fuerza de ley en asuntos judiciales, que nos de su competencia, de lo que hoy en día está pidiendo tener el control absoluto los abogados de la país.

Soluciones para este Conflicto 

Sin dudas hace falta preparar mejor a los estudiantes de Derecho de las diferentes universidades, impartiéndole talleres, charlas y salas de audiencias con casos reales o ficticios para una mejor adaptación a la carrera.

En caso de las pasantías no deberían ser mayores de 6 meses en el transcurso de la carrera de derecho y a su vez deben ser pagadas con un monto razonable, ya que todo joven estudiante tiene sus necesidades fundamentales que cubrir. Por ejemplo muchos de los estudiantes de la UASD trabajan por ser de casos recursos y se mantienen así mismos, al tener que tomar la pasantía deberían estar forzados a dejar sus estudios por no tener como mantenerse y dedicarse a otra cosa, esto provoca una baja en el derecho dominicano.

Los exámenes de reválida, deben ser más flexibles, con más asequibilidad para que los estudiantes puedan tomarlos y darle la oportunidad de tener permisos sin retenciones, pero con hechos reales que aprueben estos. El Consejo de los jueces tendrá que velar que los exámenes de reválida no se acojan a lo apolítico que se garantice el debido proceso que hijos de funcionarios y compañeros del partido, no tenga mayores privilegios que las demás personas.

Hace falta que las autoridades de todas las Universidades del País fortalezcan y  se capaciten mas a sus profesores, actualizando todo material de apoyo para flexibilizar este anteproyecto que nos afecta a todos en general. Así mismo financiar los viajes al extranjero y crear un mecanismo de capacitación constante para los profesores. También hace falta el pago por las asesorías de investigaciones de grado, maestrías y otras investigaciones que fortalezcan las escuelas de derecho del país.

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