Ciudad de Guatemala .- Tres exfuncionarios del Gobierno de Guatemala, responsables del albergue de menores en el que se originó el incendio el pasado miércoles que ha ocasionado la muerte de 40 adolestentes, han sido detenidos según ha informado el Ministerio Público.
Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía; la exsubsecretaria, Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes dejaron esos cargos tras la tragedia.
Según los primeros indicios, las jóvenes afectadas, de las cuales hay doce hospitalizadas, estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para denunciar las violaciones y agresiones que sufrían.
Los exfuncionarios, que fueron puestos a disposición judicial, están acusados de los delitos de "homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad", según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
Rodas, quien llevaba tres meses en la Secretaría de Bienestar Social, ha renunciado este lunes a su cargo para contribuir a la investigación, mientras que Torres fue destituido el mismo día del incendio, según ha explicado el presidente guatemalteco, Jimmy Morales.
Guatemala ha pedido ayuda al FBI.
El gobernante, quien ya ha asumido la responsabilidad del Estado por la tragedia, ha pedido apoyo a las autoridades federales de Estados Unidos para investigar las causas del siniestro.
En Guatemala "no se tiene ninguna institución especializada en investigar incendios", ha argumentó Morales, al precisar que se solicitó ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para "llegar a determinar el origen del fuego, hacer una investigación transparente y profesional".
Una de las líneas de investigación que sigue la fiscalía señala que las niñas estaban encerradas en un habitación como castigo por un intento de fuga y que, en protesta, ellas incendiaron un colchón.
Cuestionado sobre ello, Morales dijo el viernes en una entrevista con CNN en Español que en el albergue "se tomó la decisión de separar a todos los niños y adolescentes para que no estuvieran hombres y mujeres juntos (...) y evitar agresiones entre sí.
Estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave".
En el lugar del incidente murieron 19 de las menores y desde entonces la cifra de víctimas mortales ha aumentado a 40.
De las jóvenes hospitalizadas, 7 fueron trasladadas a Estados Unidos. La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos.
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
Los arrestados son el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de Presidencia, Carlos Antonio Rodas Mejía; la exsubsecretaria, Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, quienes dejaron esos cargos tras la tragedia.
Según los primeros indicios, las jóvenes afectadas, de las cuales hay doce hospitalizadas, estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para denunciar las violaciones y agresiones que sufrían.
Los exfuncionarios, que fueron puestos a disposición judicial, están acusados de los delitos de "homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad", según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
Rodas, quien llevaba tres meses en la Secretaría de Bienestar Social, ha renunciado este lunes a su cargo para contribuir a la investigación, mientras que Torres fue destituido el mismo día del incendio, según ha explicado el presidente guatemalteco, Jimmy Morales.
Guatemala ha pedido ayuda al FBI.
El gobernante, quien ya ha asumido la responsabilidad del Estado por la tragedia, ha pedido apoyo a las autoridades federales de Estados Unidos para investigar las causas del siniestro.
En Guatemala "no se tiene ninguna institución especializada en investigar incendios", ha argumentó Morales, al precisar que se solicitó ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para "llegar a determinar el origen del fuego, hacer una investigación transparente y profesional".
Una de las líneas de investigación que sigue la fiscalía señala que las niñas estaban encerradas en un habitación como castigo por un intento de fuga y que, en protesta, ellas incendiaron un colchón.
Cuestionado sobre ello, Morales dijo el viernes en una entrevista con CNN en Español que en el albergue "se tomó la decisión de separar a todos los niños y adolescentes para que no estuvieran hombres y mujeres juntos (...) y evitar agresiones entre sí.
Estuvo bajo las medidas de seguridad necesarias, incluida la llave".
En el lugar del incidente murieron 19 de las menores y desde entonces la cifra de víctimas mortales ha aumentado a 40.
De las jóvenes hospitalizadas, 7 fueron trasladadas a Estados Unidos. La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos.
Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
Fuente: EFE
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