Rio de Janeiro, Brasil .- La mayoría de los diputados brasileños votaron a favor de que se archive la denuncia de corrupción contra el presidente conservador Michel Temer y no haya un juicio político por esa causa.
Cada diputado se pronunció individualmente, con derecho de palabra de 15 segundos, tras constatarse un quórum superior al exigido de dos tercios, o 342 de los 513 diputados de la Cámara, comprobó la agencia AFP.
Para que la denuncia sea encaminada al Supremo Tribunal Federal (STF), esa posición debía ser aprobada igualmente por 342 diputados, algo que parecía poco probable, después de que la oposición de izquierda fracasara en su tentativa de bloquear la sesión privándola de quórum.
A Temer le alcanzó con que 172 diputados lo apoyen, se abstengan o se ausenten para inviabilizar la denuncia.
Si la denuncia se aprobaba, y el STF inculpaba formalmente a Temer, este iba a ser apartado de su cargo por un máximo de 180 días, en espera del fallo definitivo, que de ser incriminatorio pondría fin a su mandato.
Durante el juicio lo sustituiría el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y luego su sucesor sería elegido por el Congreso, para completar el mandato que termina a fines de 2018.
La denuncia por corrupción pasiva fue formulada por el fiscal general, Rodrigo Janot, después que a mediados de mayo se divulgaran una grabación y un video.
En la grabación de una conversación entre Temer y el dueño del gigante de la alimentación Joesley Batista, Temer parece avalar la entrega de un soborno al encarcelado ex diputado Eduardo Cunha para comprar su silencio.
El video muestra al entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano asesor de Temer, cargando una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). Según la delación de Joesley Batista, el dinero era parte de un soborno ofrecido a Temer para favorecer los negocios de la empresa.
Janot también podría inculpar a Temer de obstrucción a la justicia y de organización para delinquir.
Temer, del partido PMDB (centroderecha) y sus defensores afirman que la acusación es una "ficción" construida para perjudicarlo y amenazar la reconstrucción de un país que emerge a duras penas tras la peor recesión de su historia, con más de 13,5 millones de desocupados.
La oposición acusa a Temer de haber liberado en las últimas semanas cuantiosos fondos para proyectos de diputados vacilantes.
Esta crisis se produce menos de 15 meses después de la caída de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas y reemplazada por Temer, quien era su vicepresidente.
El dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de apenas 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo Ibope. Un 81% de los brasileños apoya además que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.
Pero hasta ahora las calles no se han movilizado, contrariamente a lo ocurrido durante el impeachment de Rousseff, cuando millones de personas reclamaron en varias ciudades su partida.
Cada diputado se pronunció individualmente, con derecho de palabra de 15 segundos, tras constatarse un quórum superior al exigido de dos tercios, o 342 de los 513 diputados de la Cámara, comprobó la agencia AFP.
Para que la denuncia sea encaminada al Supremo Tribunal Federal (STF), esa posición debía ser aprobada igualmente por 342 diputados, algo que parecía poco probable, después de que la oposición de izquierda fracasara en su tentativa de bloquear la sesión privándola de quórum.
A Temer le alcanzó con que 172 diputados lo apoyen, se abstengan o se ausenten para inviabilizar la denuncia.
Si la denuncia se aprobaba, y el STF inculpaba formalmente a Temer, este iba a ser apartado de su cargo por un máximo de 180 días, en espera del fallo definitivo, que de ser incriminatorio pondría fin a su mandato.
Durante el juicio lo sustituiría el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y luego su sucesor sería elegido por el Congreso, para completar el mandato que termina a fines de 2018.
La denuncia por corrupción pasiva fue formulada por el fiscal general, Rodrigo Janot, después que a mediados de mayo se divulgaran una grabación y un video.
En la grabación de una conversación entre Temer y el dueño del gigante de la alimentación Joesley Batista, Temer parece avalar la entrega de un soborno al encarcelado ex diputado Eduardo Cunha para comprar su silencio.
El video muestra al entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano asesor de Temer, cargando una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). Según la delación de Joesley Batista, el dinero era parte de un soborno ofrecido a Temer para favorecer los negocios de la empresa.
Janot también podría inculpar a Temer de obstrucción a la justicia y de organización para delinquir.
Temer, del partido PMDB (centroderecha) y sus defensores afirman que la acusación es una "ficción" construida para perjudicarlo y amenazar la reconstrucción de un país que emerge a duras penas tras la peor recesión de su historia, con más de 13,5 millones de desocupados.
La oposición acusa a Temer de haber liberado en las últimas semanas cuantiosos fondos para proyectos de diputados vacilantes.
Esta crisis se produce menos de 15 meses después de la caída de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas y reemplazada por Temer, quien era su vicepresidente.
El dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de apenas 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo Ibope. Un 81% de los brasileños apoya además que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.
Pero hasta ahora las calles no se han movilizado, contrariamente a lo ocurrido durante el impeachment de Rousseff, cuando millones de personas reclamaron en varias ciudades su partida.
Fuente: AFP
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