Tras la conclusión del proceso electoral de 2020 se han planteado dos temas de indudable trascendencia e importancia para los partidos, que han suscitado opiniones contradictorias.
El primero de ellos sobre la sumatoria de votos, que se pretende realizar de manera tal que la JCE no considerará de ninguna forma la votación municipal, lo que a juicio de observadores imparciales es un error.
En efecto, los electores manifestaron una preferencia que la JCE no puede echar en saco roto, todo lo contrario, tiene que tomar en cuenta los votos que obtuvieron los partidos para decidir el orden de los partidos en la boleta.
En efecto, la JCE debe definir el orden de los partidos en la boleta mediante el criterio de sumatoria de votos válidos de las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados y, luego de establecido, el promedio obtenido debe sumarse al promedio obtenido por los partidos en la elección municipal de manera tal que la sumatoria de ambos promedios determine el orden de los partidos en la boleta.
Se trata de una situación contenciosa, que ha distraído a los poderes públicos jurisdiccionales ocupados desde 2017, cuando se fijó el criterio de sumatoria de votos, el más justo, siendo luego variado por otro.
Sobre el tema se han pronunciado la JCE, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo.
El Foro Permanente de Partidos Políticos estima que es suficiente ya de pleitos judiciales, de manera que la JCE haría muy bien en coronar su hasta ahora exitosa administración del proceso electoral pasado, definiendo el orden de los partidos en la boleta y defendiendo la sumatoria de votos del nivel municipal y los otros niveles de elección.
En ese sólo interés, el FOPPPREDOM asume que la JCE es la principal interesada en resolver esos diferendos mediante decisiones que tomen en cuenta todas las preferencias electorales.
En efecto, para el FOPPPREDOM, olvidarse de un nivel de elecciones y de la votación que alcanzaron los partidos en dicho nivel sería dar otro puntapié al esfuerzo realizado por tantas organizaciones políticas.
Se recuerda que los partidos hicieron todo y mucho más para participar en un proceso que fue celebrado en condiciones totalmente desventajosas para ellos: no hubo financiamiento hasta los últimos días de la campaña, y con gravísimas limitaciones.
Tampoco pudo desarrollarse una campaña electoral libre, que permitiera a los partidos captar los votos necesarios para mantenerse operando.
De manera que la JCE, que como organismo comicial constitucional tiene el deber de proteger la voluntad popular, haría muy bien en cerrar con broche de oro el pasado proceso electoral, sumando el porcentaje de votos municipal al porcentaje de votos presidencial, senatorial y de diputados para entonces fijar el orden de los partidos en la boleta.
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