Peralta
sostuvo que es de mucha trascendencia la creación de una institución que se
encarga de juzgar y regular la relación de los ciudadanos como administrados
con la administración pública.
Santo Domingo.- El
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al ser entrevistado
en el programa semanal “Líderes”,
conducido por el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas, reveló que preparan
un proyecto de ley que será sometido para regular el Tribunal Superior
Administrativo con la finalidad de garantizar las relaciones de la ciudadanía
con la administración pública.
Además, propone la creación de tribunales de primer grado en
todos los distritos judiciales y tribunales de apelación.
La ley que regula el Tribunal Superior Administrativo es la
1494, que data del 1947. En el 2007, se dictó la
13-07, sin embargo, a partir del 2010 con la
nueva Constitución, se introdujeron elementos importantes que no están
recogidos en ninguna ley, resaltó Peralta.
‘‘Para mí, este proyecto es de
tanta trascendencia que cuando yo me senté en el sillón correspondiente al
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, dije no quiero irme de aquí sin dejar
eso resuelto. Si hay algún legado al final de mi gestión que se pueda apreciar, sería esta ley, en caso
de ser aprobada, como saben los abogados y muchos ciudadanos que han tenido que
acceder al Tribunal Superior
Administrativo (TSA), a dirimir un conflicto con la administración pública’’,
expresó Antoliano Peralta.
El consultor destacó que los entes
y órganos de la administración pública dictan actos administrativos, resoluciones,
toman medidas, rechazan cosas a la gente y aceptan otras, a lo que cuestionó: ‘‘¿Quién
regula eso? ¿Quién somete a la legalidad que
está consignada en la Constitución de la República, la actuación de la
Administración Pública?”.
‘‘Esta ley es un paso más de este
gobierno y del presidente Abinader por
establecer límites a la actuación de la administración pública, para que esta no
esté absuelta haciendo lo que quiera con la gente. Estas leyes no son lo suficientemente amplías para una regulación efectiva que garanticen la tutela de los derechos de los
administradores’’, puntualizó.
Otro de los temas expuestos durante
la entrevista, fue el de la Modificación
de la Ley 6132 de Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, a lo
que el consultor jurídico indicó que es una ley antigua
y desfasada, a la que se habían hecho varios
esfuerzos, tendente a su reformulación.
‘‘Será de gran trascendencia para la
institucionalidad de la República Dominicana. Hay gente que se han constituido
en un ‘club de chantajistas’ y tienen los medios a su disposición, además de las
redes y las plataformas digitales’’, afirmó el funcionario jurídico.
Explicó que este tipo de
acciones difamatorias no ocurrían antes con tanta frecuencia, al tiempo que,
confesó haber sido víctima de libelos de esa categoría. También, agregó que ‘‘en
muchos de los casos, las personas que acuden a
ese tipo de chantajes lo hacen con el propósito de provocar que le compren el
silencio, gente que sin conocerte y sin tú conocerlos a ellos dicen cualquier
cosa de ti. La actitud de la gente decente debe ser que cuando uno de estos
profesionales del chantaje en las redes asuma una de esas conductas, sensatamente
las obvie’’.
De su lado, el diputado Jorge Villegas, también emitió su comentario
respecto a la ley 6132 para lo que dijo: ‘‘yo creo que es importante esa
comisión y ese proyecto, porque estamos viviendo en un mundo donde naturalmente
la globalización, la expansión de la información, lleva a la desinformación y,
existe una línea muy delgada entre la libertad
de expresión y elementos como la difamación y la falta de honor. Esa comisión
ayudaría bastante a que en nuestro país eso pueda quedar claro’’.
Finalmente, Antoliano Peralta, al ser cuestionado por Villegas,
sobre la Ley de Extinción de Dominio,
de sí forma parte de un principio orgánico u ordinario respondió: ‘‘la
discusión toca una separación fina y, yo soy dado a opinar de estas cosas desde
mi butaca de abogado, ahora desde la consultoría me veo abocado a ofrecer una
opinión en el momento en que la ley llegue’’.
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