Pacto eléctrico

Por Francisco Luciano

Francisco Luciano

Danilo Medina centro su propuesta electoral en el compromiso de impulsar tres grandes pactos necesarios para encontrar el debido consenso que nos lleve a resolver los problemas de Educación, Eléctrico y Fiscal, en el mediano y largo plazo.

El Pacto por la educación fue firmado por el gobierno, la sociedad civil, el empresariado y una buena parte de la clase política y quiérase o no, se ha cumplido con el mandato constitucional de asignar el 4% del Producto Interno Bruto para su financiamiento.

Se ha logrado atacar el analfabetismo con éxito. Avanzar en la  construcción y equipamiento de la infraestructura educativa fundamentalmente en la construcción  escuelas.  Se ha implementado y continúa  en crecimiento  la tanda extendida.  Mejora la calidad y cobertura de la alimentación en las escuelas.   Los salarios de los docentes han mejorado, aunque tímidamente.  Se ejecutan programas de capacitación a maestros y se ha venido  privilegiando las exigencias  de calidad a los maestros y maestras de nuevo ingreso por encima de cualquier otra condicionante.  Faltan ajustes y hasta información, pero el pacto por la educación es un hecho que corresponde a la sociedad que se organizó tras la exigencia del 4%, vigilar y exigir que su cumplimiento.

Actualmente se encuentra abierta la discusión sobre el tema eléctrico que deberá arrojar un consenso entre el gobierno, el sector eléctrico en sus diversas facetas de generación, distribución y comercialización, así como la sociedad civil para dejar resuelto el camino hacia la solución definitiva del mismo.

El pacto tendrá que determinar cómo se garantizará el servicio  de energía de manera estable y a precios razonables.

Deberá definir el papel regulador e interventor del estado, pues mientras para los capitales privados se trata de un negocio  donde buscar  mayor lucro,  para el estado se trata de un servicio estratégico., cuya fallas y carencias  afectan la producción, alteran la economía  y la paz social,  por lo que deberá establecer la focalización del subsidio hacia los sectores más vulnerables, a  la vez  que defina los márgenes de beneficios en la comercialización, así como las responsabilidades y penalidades ante los incumplimientos, tanto del gobierno como del sector empresarial y bajo ningún concepto podrá imponer pago por plantas apagadas.

Lo ideal sería establecer un parque eléctrico de libre  generación a los fines de propiciar un mercado de ofertas que compitan en función de sus  precios.  Establecer a quienes corresponde la responsabilidad del mantenimiento a las redes de distribución y los tiempos en que deberán realzarse las mismas.

El pacto eléctrico no puede incluir privilegios para sector alguno y deberá dejar bien claro la incompatibilidad para participar  en la dirección de las empresas distribuidoras, reguladoras o de distribución en representación del Estado a personas,  familias de personas  o relacionados  de personas o grupos ligadas al negocio.

Alcanzar el pacto eléctrico, es una meta política de la actual administración gubernamental y si bien es cierto que para alcanzarla debe poner todo su empeño,  lo recomendable es no hacerlo sobre la base  de concesiones parecidas a las del denominado  Acuerdo de Madrid, tomando en cuenta parece que el pacto fiscal no encontrará cristalización durante el presente cuatrienio y que tendrá que ser aplazado para más adelante.

El autor es catedrático universitario y dirigente del PTD.